Han pasado doce meses desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, por la que se regulan la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta normativa, que transpone la Directiva europea de protección de denunciantes, supuso un hito histórico para España.

Sin embargo, la implementación ha sido desigual. Mientras algunas empresas y administraciones han establecido canales de denuncia efectivos, otras siguen sin cumplir con los plazos establecidos.

Desde la Alianza Contra la Corrupción hemos documentado numerosos casos donde los alertadores siguen sufriendo represalias, lo que evidencia la necesidad de mecanismos de supervisión más robustos.